El debate sobre la financiación de autopistas y autovías no se debe demorar más


La Estrategia de Movilidad del MITMA, en lo relativo a la Planificación y Gestión de la red viaria estatal, es prioritaria en la actual situación.

Actualmente solo el 8 % de la red del Estado (que corresponde a las autopistas de peaje) se financia con cargo al usuario de la vía; cifra que tenderá a bajar con ocasión del fin del plazo concesional de varias autopistas. Por lo tanto, en el 92% de la red de carreteras del Estado es imposible asegurar el cumplimiento del principio de “quien contamina paga”.

Unido a esto, y a las restricciones presupuestarias de los últimos años, la necesidad de destinar más recursos a la conservación y mantenimiento de la red de carreteras es creciente, lo que se agravará por la reversión en 2021 de varias autopistas de peaje y exigirá mayores dotaciones de presupuesto público, difíciles de comprometer en un contexto de exigencia de reducción del déficit.

Algo que, sin embargo, ya ha anunciado el actual Sº General de Infraestructuras, Vázquez Torrón, al referir que en los presupuestos que se están preparando para 2021, la conservación contará con la mayor asignación presupuestaria de los últimos años; y que el planteamiento es el de ir incrementándolos progresivamente, independientemente del ciclo económico.

Creemos que esta no es la dirección correcta, este país necesita debatir y consensuar la necesidad de internalizar los costes del transporte por carretera, y establecer un modelo alternativo para la financiación de la conservación y mantenimiento de la red viaria; un modelo que esté en línea con la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada; y especialmente con la prioridad del gasto social.

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